Al estar próximo el día del sufragio por la consulta popular y el referéndum, la controversia aumenta, al parecer la pregunta 3 violaría los derechos democráticos del pueblo, pues cesa de funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó con un plazo de 5 días al Estado ecuatoriano información detallada sobre el proceso y las 7 preguntas planteadas en la consulta popular.
Para la concejal de Santo Domingo Amada María Ortiz este procedimiento está correcto pues la consulta popular puede ser contraproducente en las próximas acciones a tomar por el Gobierno, por lo que la CIDH intenta legitimar la consulta y corroborar su constitucionalidad.