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Defensa de Glas apelará notificación de destitución de Contraloría

Eduardo Franco Loor, abogado de  Jorge Glas, se refirió a la notificación de destitución en contra del Vicepresidente emitida por la Contraloría General del Estado por su presunta responsabilidad administrativa culposa en la adjudicación del pozo petrolero Singue. El documento emitido el 26 de octubre del 2017, fue enviado al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma para los fines legales pertinentes.

El texto señala que Glas tiene responsabilidad administrativa como miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífero; Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos de la Secretaría de Hidrocarburos, funciones que desempeñó durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

«Es una burla al derecho y es írrita, absolutamente nula, carece de eficacia jurídica porque Jorge Glas no obstenta ese puesto público. Él es vicepresidente de la República desde el año 2013 y por tanto está sujeto a la supremacía constitucional», indicó Franco Loor refiriéndose a la destitución.

Citó que únicamente en los artículos 129 y 130 de la Constitución se establece cuándo puede ser destituido el Vicepresidente. «La Contraloría no tiene competencias ni facultades legales para destituir al Vicepresidente. Por tanto esta resolución es totalmente nula», recalcó.

Informó que presentará una demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo para que quede sin efecto la resolución. También presentará una acción de protección por los derechos que supuestamente se está vulnerando contra Glas y señaló que detrás de la resolución existe una decisión política porque existe un ánimo de «apoderarse de la Vicepresidencia». En el documento, la Contraloría dispuso además una multa de USD 5 840 para Glas.

El abogado también informó que apelará la decisión del conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Édgar Flores Mier, de negar la demanda de recusación presentada por él contra el juez Miguel Jurado, quien investiga al vicepresidente por el presunto delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht.

(Fuente: El Comercio)

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