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Durante 60 días, el país estará en estado de excepción. La medida, decretada la noche del lunes por el presidente Guillermo Lasso a través de un decreto ejecutivo, busca frenar la ola delictiva con la intervención de las Fuerzas Armadas.
Los altos índices delictivos que vive el país y que detonaron en la muerte de un niño de 11 años en un fuego cruzado entre un Policía y dos delincuentes cuando se encontraba en una heladería en Guayaquil, generó la reacción del Gobierno, que decretó el “estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días”.
El Gobierno dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos para complementar las funciones de la Policía Nacional. En el resto de provincias, la Comandancia General de la Policía Nacional coordinará acciones con las entidades públicas en territorio para reforzar la vigilancia y prevención del delito.
El presidente anunció además que se creará una unidad legal para la defensa de los miembros de la fuerza pública que combatan a la delincuencia.
El decreto dispone al Ministerio de Economía y Finanzas que provea los recursos suficientes para atender el estado de excepción. Asimismo ordena formar un comité interinstitucional entre todos los ministerios del Frente Social y la Secretaría de Derechos Humanos para prevenir, detener la adicción y reinsertar a los consumidores en la sociedad.
Con el estado de excepción no hay toque de queda, pero faculta a la Policía y a las Fuerzas Armadas a la prevención del delito y al control de orden público, es decir, es subjetivo y podría ser utilizado para suspender movilizaciones.
