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Jorge Glas desistió de su pedido para que se revise la prisión preventiva

Jorge Glas desistió del pedido que hiciera la semana pasada para que se revoque la orden de prisión preventiva en su contra y se sustituya por otra medida cautelar. La tarde de este martes 10 de octubre del 2017, la defensa de Glas, preso en la Cárcel 4, dijo que esperará a la audiencia de juicio, prevista para el 16, por presunta asociación ilícita en Odebrecht.

A la diligencia asistió Cinthia Díaz, esposa de Glas, así como, Eduardo Franco Loor, abogado del Vicepresidente; el fiscal general Carlos Baca, y representantes de la Procuraduría.

En la mañana, en una entrevista con EL COMERCIO, Franco Loor aseguró que pedirá que se aplique cualquier otra medida distinta a la prisión preventiva.

El artículo 522 se fijan cinco modalidades para garantizar la presencia de un sospechoso en el juicio: prohibición de salida del país, la presentación periódica ante el juez, el arresto domiciliario, el uso de un dispositivo electrónico o la prisión.

Inicialmente, a Glas se le prohibió que salga del país. Esta medida regía desde agosto pasado, cuando fue vinculado al proceso de asociación ilícita. Sin embargo, esa disposición judicial fue modificada por la prisión preventiva, el 2 de octubre, por pedido de la Fiscalía.

El fiscal general Carlos Baca aseguró entonces que se recopilaron nuevos indicios que apuntan al Vicepresidente en el delito de asociación ilícita. Y advirtió que había riesgo de fuga.

Además, antes de que se instalara la audiencia, la secretaria del juez leyó un escrito presentado por el fiscal Baca, en donde anunció que no llegó a un acuerdo con José Rubén Terán, Kepler Verduga, y Gustavo Massuh, respecto a la aplicación de un proceso abreviado.

Ellos están en el grupo de 18 procesados por posible asociación ilícita y pidieron una rebaja de la pena, a cambio de entregar datos sobre el esquema de corrupción (proceso abreviado).

Según el escrito de Baca, los procesados y la Fiscalía no llegaron a un acuerdo sobre el monto que deben pagar de indemnización económica, por los actos ilícitos que perpetraron.

(Fuente: El Comercio)

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