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El secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, entregó la mañana de este miércoles a la Fiscalía General del Estado información sobre el desvío de dinero público del Estado venezolano al ex presidente Rafael Correa, para el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE).
Son $281 mil que, según el gobierno, fueron distribuidos entre Correa y varios de sus ex ministros, a través de este Instituto.
Granda también acudió a Cancillería para pedir que se investiguen las actividades de la Fundación que da lugar al Instituto, pues se habría dedicado también a financiar a los abogados de Correa en el caso del secuestro de Fernando Balda.
En Cancillería, Granda señaló que la Fundación Eloy Alfaro realiza acciones partidistas, políticas y pagos a abogados.
En tanto, el canciller José Valencia señaló que se realizará un análisis y se desarrollarán acciones administrativas para absolver la consulta de la Secretaría Anticorrupción, siguiendo el debido proceso.
El Decreto 193 y el Acuerdo Ministerial 0065 determinan las obligaciones y derechos que tienen las fundaciones.
En un comunicado, el IPPE rechazó las declaraciones de varias autoridades del gobierno «por carecer de fundamento, y violentar el sigilo bancario, al ser información protegida por la Ley, con lo cual se busca afectar nuestro derecho fundamental a la dignidad y buen nombre».
«El IPPE rechaza la manipulación política que se pretende dar a las actividades que desarrollamos», concluye el comunicado.
