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UNIDADES PARTICULARES DEBERÁN TRANSPARENTAR PRECIOS APUNTA A SIMPLIFICAR Y AGILIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN

Las instituciones educativas deben transparentar costos de sus pensiones. El Ministerio de Educación también anunció que las unidades educativas podrán elegir textos que cumplan los estándares de aprendizaje presentando una declaración juramentada de corresponsabilidad, según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 145 que apunta a simplificar y agilizar trámites administrativos .

El  Decreto Ejecutivo 145 firmado el pasado martes 03 de agosto, apunta a simplificar y agilizar trámites administrativos y procesos con la finalidad de contar con un sistema educativo más flexible, autónomo y responsable. Antes, se exigía certificados curriculares para todos los libros que utilizaban los establecimientos educativos particulares, fiscomisionales y públicos del país. Ahora, dichos requisitos  se eliminan y las instituciones podrán elegir los textos que cumplan los estándares de aprendizaje presentando una declaración juramentada de corresponsabilidad. Otro punto que precisa el documento es que las instituciones particulares y fiscomisionales deben transparentar los costos de pensiones, matrículas, listas de útiles o libros de texto y sus valores referenciales, lo cual es visto con buenos ojos por parte de los padres de familia.

Desde que inició la pandemia las prácticas cotidianas cambiaron. Las nuevas modalidades de estudio permitirán responder a las necesidades y realidad actual, sin embargo esto ha representado un gasto adicional y en medio de la crisis se vuelve casi insostenible.  En algunos planteles educativos particulares, pese a la emergencia sanitaria, se mantuvieron los precios de pensiones y matrículas sin considerar la crisis económica que se desató a raíz de la llegada del coronavirus.

Además, se eliminaron requisitos para generar facilidades en el proceso de autorización para funcionamiento, para las renovaciones de permisos otorgados, se descartan las renovaciones periódicas, ahora las instituciones educativas informarán y solicitarán autorización únicamente cuando existan cambios en la oferta o condiciones en las que sus servicios fueron aprobados. En beneficio de los docentes, se establece una ampliación del tiempo de vigencia de la condición de elegibilidad de los maestros que aspiran a una plaza en el Magisterio Nacional. Esta pasa de tener una vigencia de dos a cinco años.Se reducen los plazos establecidos para los concursos de méritos y oposición, disminuyendo el tiempo de 13 a 6 meses.

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