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La Fiscalía General del Estado investiga un presunto lavado de activos en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Azuay, Orellana y Manabí. Hubo 36 allanamientos que dejaron como resultado seis personas detenidas. 20 fiscales participaron en este caso. Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, a los involucrados se los acusa de movilizar 41 millones de dólares en el sistema financiero. Las investigaciones iniciaron hace unos dos años, y se cree que todo se originó en Santo Domingo. Por la forma de legalizar los recursos económicos que no se sabe de dónde provienen, se compara esta investigación con el caso Norero.
