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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas provisionales a favor de miembros del Consejo de Participación Ciudadana, así lo ratificó Isabel Aguavil delegada provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien señaló que el oficio fue emitido el 6 de febrero y se pide que no se haga efectiva la destitución de los consejeros, luego de aprobada por la ciudadanía la pregunta 3 de la consulta popular del pasado 4 de febrero.
La CIDH enfatizó que si se lleva a cabo esta medida puede generar un quiebre en el Estado por la separación de poderes y de independencia judicial. Para el analista político Ramiro García, el Gobierno tenía un solo fin, el cumplir con los términos legales: «El Estado a pedido que se les de 15 días de plazo, es decir que se amplíe para poder preparar la documentación y contestar, en eso estamos el Estado todavía no ha contestado».
La CIDH no tiene participación activa en la política del Ecuador, por ello los miembros del consejo se encuentran preocupados por la falta de pruebas y una posible vulneración de derechos.
