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La Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Santo Domingo exige celeridad a la Fiscalía Provincial respecto al tratamiento del caso de presunto tráfico de influencias por parte de concejales del cantón. De igual manera exigen mejores condiciones de atención en las instituciones públicas para las personas con discapacidad.
Tres temas de preocupación de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Santo Domingo fueron expuestos este martes mediante una rueda de prensa. El primero tuvo que ver con la denuncia presentada en 2020 por la misma comisión en contra de ocho concejales de Santo Domingo por el presunto delito de tráfico de influencias. Luis Felipe Buenaño, coordinador de la Comisión, exhortó a la Fiscalía Provincial a tratar este caso con celeridad, pues aseguró que no es la primera vez que funcionarios de Santo Domingo incurren en dicho delito.
Por otra parte, la Comisión también mostró su posición frente a la pretendida creación de una Unidad Anticorrupción adscrita a la Presidencia que dará seguimiento a los casos de corrupción del país. Buenaño enfatizó que al ya existir una Comisión Nacional Anticorrupción se estaría entrando en un conflicto de intereses y por ende realizó ciertas sugerencias.
Como tercer tema expusieron la vulneración de derechos que sufrió Patricio Santander, integrante de la Comisión y persona de la tercera edad con discapacidad, al solicitar la renovación de su licencia de conducir, pues su turno era para el mes de septiembre pero debido a un certificado médico que le exigía la Agencia Nacional de Tránsito y que no le pudo otorgar a tiempo el Ministerio de Salud Pública, su turno fue aplazado para junio de 2022.
Emanuel Narváez, asesor jurídico de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Santo Domingo, indicó que frente a este caso presentó una denuncia debidamente sustentada en la Defensoría Pública a fin de que se tomen las acciones correspondientes.
Tras la presentación de dicha denuncia los integrantes de la Comisión Anticorrupción esperan una respuesta.
