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CUMBRE DE TRANSPORTE PESADO EL SECTOR EXIGE EL PAGO DEL 50% ANTES DE PRESTAR SUS SERVICIOS

Tras más de cinco horas de reunión los presidentes de 13 cámaras provinciales adscritas a la Cámara Nacional de Transporte Pesado del Ecuador tomaron varias resoluciones en el marco de la Primera Cumbre Nacional del Transporte Pesado. Este sector dejó en claro que está en desacuerdo con los peajes. De igual manera solicitó al Gobierno que estandarice la calidad del diésel y disponga al ministerio de Energía implementar la producción de un diésel con menos azufre.

Este jueves Santo Domingo de los Tsáchilas fue la sede de la Cumbre Nacional del Transporte Pesado. Durante la jornada desarrollada en el Sindicato de Choferes se abordaron varias temáticas que son de principal preocupación del sector, como por ejemplo: la baja calidad del diésel. Nelson Chávez, presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, enfatizó que dicho combustible tiene una mala calidad en el país y por ende este factor afecta a la economía de la transportación y además ocasiona daños en los automotores y por supuesto al medio ambiente. En ese sentido, considera que el Gobierno debe ejecutar acciones urgentes. 

Otra de las preocupaciones de la transportación es la implementación de nuevos peajes en las vías nacionales. Byron Quito, presidente de la Cámara Provincial de Transporte Pesado de Santo Domingo de los Tsáchilas, resaltó que el impacto es grande pues actualmente los costos de operación que afrontan son altos y en muchas de las ocasiones no son compensados.

Por su parte, Holger Zambrano, presidente de la Cámara Provincial de Transporte Pesado de Orellana, resaltó la importancia de implementar garantías constitucionales que protejan su actividad, pues muchas empresas nacionales e internacionales contratan sus servicios pero no les pagan. Ante esta penosa realidad, plantea que previo a realizar el trabajo se les cancele al menos el 50% del pago.

De igual manera proponen que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se separe en dos carteras de Estado, una solo para transporte y otra para obras públicas, a fin de que sus requerimientos sean atendidos de mejor manera. Todas estas propuestas serán remitidas al Ejecutivo.

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